Medidas que pueden ayudar la consecución del objetivo o en general a prevenir los daños de los pesticidas

El establecimiento por ley de objetivos claros de reducción del consumo de pesticidas debería verse acompañado de medidas como:

  • Un plan contundente de apoyo -mediante medidas directas e indirectas establecidas por ley- a las prácticas agrarias que no usen pesticidas sintéticos, prioritariamente las de la agricultura ecológica. También se establecerán porcentajes concretos, en este caso de incremento de la superficie agraria sometida a los criterios de agricultura ecológica, de modo que España se ponga en pocos años entre los países del mundo con un mayor porcentaje del total de su superficie agrícola dedicado a este tipo de agricultura. Un posible objetivo podría ser alcanzar en el año 2020 la meta de que del 15 al 20% del total de la superficie agrícola española fuese de agricultura ecológica.
  • Fijar por ley una clara definición de otros sistemas como la gestión integrada de plagas, estableciendo criterios obligatorios que fuercen a que en esos sistemas se antepongan realmente los métodos no químicos de gestión de plagas y se cumplan objetivos reales cuantificables de reducción en el uso de pesticidas. Estableciendo requisitos claros para asegurar ésos fines así como penalizaciones para quien los viole. Dejando siempre claro que la gestión integrada de plagas es un mecanismo secundario frente a la agricultura ecológica, al evidenciar la gestión integrada un menor grado de compromiso formal a la hora de desterrar el uso de pesticidas sintéticos. Deberá garantizarse que las entidades y personas que participen en la asesoría en gestión integrada de plagas no tengan conflictos de interés que puedan dificultar conseguir el objetivo de restringir el empleo de pesticidas (por ejemplo vínculos con entidades que se beneficien con la venta de pesticidas).
  • Habilitar los medios necesarios para que un eje importante del proceso de cambio del modelo agrícola sea la formación de los agricultores y demás personas y entidades involucradas, en métodos no químicos de prevención y control de plagas. Esta formación en métodos no químicos debe ser la base fundamental del temario, ocupando la mayoría de los contenidos (superando criterios de formación que hasta ahora se han centrado, fundamentalmente, en la forma de usar pesticidas).
  • Establecer legalmente la promoción de prácticas agrarias que promuevan la diversidad de cultivos, la rotación y las sociaciones adecudas de los mismos, el mantenimiento de reservas de biodiversidad y otras medidas que contribuyan al mantenimiento de la diversidad biológica, la polinización, el control natural de las plagas, etc.
  • Aplicación de tasas o impuestos a las empresas que fabrican y comercializan pesticidas y a quienes los usan, para resarcir los costes ambientales y sanitarios que pudieran tener estos productos, así como otras posibles herramientas para desanimar su consumo. El espíritu del principio de que quien contamina paga ha de cumplirse en este asunto.
  • Es importante, en el mismo sentido de internalizar los costes, realizar estimaciones sobre todos los costes reales, directos e indirectos, que puede tener el uso de pesticidas, ya sean sanitarios, ambientales o económicos. Se debe incluir desde el coste económico para los agricultores que representa su uso a los de atención sanitaria de las personas afectadas por ellos, pasando por los del deterioro de recursos naturales básicos como la calidad del agua o la polinización, asignando un coste objetivo también a la pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos, mantenimiento de los sistemas de control de pesticidas tales como los burocráticos y administrativos, los de los gastos derivados del estudio de sus posibles efectos, los de pérdida de mercados por la presencia de sus residuos, descontaminación de terrenos asociados a la fabricación o almacenamiento de pesticidas, etc.
  • Condicionar las ayudas e incentivos al sector agrario en función del mayor o menor uso de pesticidas, de modo que se penalice la utilización de estos productos y se favorezca el abandono o reducción de su uso.
  • Penalizar prácticas irracionales de uso de pesticidas, tales como, entre otras posibilidades, el abuso, supuestamente “preventivo” de los mismos, al emplearlos conforme a calendarios fijos sin comprobar que exista realmente plaga alguna, o cualquier otra práctica basada en tener el uso de pesticidas como primera opción, sin que se haya demostrado su idoneidad frente a las alternativas viables.
  • Poner en funcionamiento una estructura que permita multiplicar los análisis y controles para detectar residuos de pesticidas de forma mucho más extensa que la actual. Deberá analizarse la presencia de todo el espectro de sustancias, autorizadas y no autorizadas (con especial atención, en este último caso , a sustancias que pese a haber sido prohibidas hace años es probable que sigan empleándose). Los muestreos serán muy amplios, sistemáticos y regulares. Se centrarán sobre aspectos diversos (alimentos, aguas, suelos, vida silvestre,...) de modo que se pueda disponer de una información muy completa que, además, se actualice constantemente. Respecto a los alimentos, por ejemplo, elaborar planes ambiciosos de seguimiento que permitan seguir los niveles de presencia de estos residuos en todos y cada uno de los diferentes tipos de productos. E incluso que permitan tener una radiografía o mapa, lo más detallado posible, no solo a escala nacional, autonómica o provincial, sino también de la situación a nivel de denominaciones de origen , cooperativas, etc. para poder detectar puntos sobre los que se deberá actuar. Los datos obtenidos han de ser públicos automáticamente y sin restricciones ni censura de ninguna clase, explicitando las concentraciones independientemente de si cumplen o no los límites “legales”. Publicar mensualmente (o a lo sumo cada tres meses) informes completos que permitan hacer un seguimiento de la evolución de los contenidos de residuos de pesticidas y hacer que todos sus datos sean fácilmente accesibles a través de internet. Además, realizar campañas de información sistemática a los consumidores sobre los niveles concretos de pesticidas que contengan los alimentos, de todas las clases de pesticidas, superen los niveles legales o no, sean pesticidas autorizados o no, para permitir que los consumidores puedan determinar qué productos consumir o no a fin de evitar, si así lo desean, aquellos productos con mayor porcentaje presencia de pesticidas. Realizar también campañas específicas para advertir a sectores poblacionales especialmente vulnerables, tales como las mujeres embarazadas y los niños.
  • Desarrollar un sistema eficiente de control de las ventas y transacciones de pesticidas y su empleo de modo que pueda hacerse un seguimiento detallado del consumo de los mismos, en base a cifras lo más exactas y completas posible, en toda España, por zonas, por tipos de cultivo... (Entre las medidas podría incluirse la informatización de los datos los cuadernos de explotación de cada unidad agraria, para disponer de información real de los productos empleados en cada tipo de cultivo por los usuarios finales).
  • Establecer por ley un objetivo de reducción de los porcentajes de muestras de alimentos que den positivo en presencia de pesticidas (con independencia de si superan o no el MLR, el Límite Máximo de Residuos).
  • Estudiar la posibilidad de establecer, además, sistemas de etiquetado que informen acerca de la posible presencia de residuos de pesticidas, y a qué nivel e incluso de qué tipos, en los productos tanto a los comercializadores como a los consumidores finales.
  • Que se monitorice sistemáticamente la presencia de pesticidas, de todos los tipos utilizados en España, en el cuerpo de los españoles, y los datos se publiquen con todo detalle, con independencia de si se superan o no los límites “legales” o considerados “seguros” por ciertas instancias. Que se monitorice, en particular, la ingesta de residuos de pesticidas a través de la dieta, realizándose evaluaciones de riesgo basadas en el conocimiento científico más reciente.
  • Que se promueva en España y en la UE, la aplicación de criterios toxicológicos más exigentes que tengan en cuenta el actual conocimiento científico, considerando hechos como el efecto combinado de la exposición simultánea a distintos pesticidas, así como los efectos que pueden tener a niveles muy bajos de concentración, en especial sobre los embriones en desarrollo dentro de mujeres embarazadas, y singularmente los de disrupción endocrina. Que esos conocimientos científicos se tengan en cuenta a la hora de autorizar o no el uso de pesticidas. Debe realizarse una reevaluación acerca de si indicadores como los límites Máximos de Residuos o la Ingesta Diaria Admisible sirven para proteger suficientemente o no la salud de los ciudadanos. La mejora y actualización de los sistemas de evaluación del riesgo de los pesticidas es esencial.
  • Un endurecimiento de las normas para la aprobación de pesticidas y su uso, así como sobre la presencia de sus residuos en los alimentos, aguas o cuerpo humano, teniendo en cuenta la anteriormente citada actualización de los criterios toxicológicos para evaluar sus riesgos sanitarios o ambientales y que, aplicando el Principio de Precaución, no se autorice el uso de productos peligrosos.
  • Establecer por ley la obligación de desvelar los contenidos químicos completos de los pesticidas a la venta, y no tan solo de los principios activos. Los tests de toxicidad deberán hacerse sobre ese contenido completo, poniendo en cuarentena, entre tanto, la fiabilidad de las consideraciones de seguridad de los productos que solo hayan realizado una evaluación de la toxicidad de una parte aislada del contenido.
  • Establecer objetivos de eliminación del uso de pesticidas, aún más exigentes que los del objetivo central nacional, fundamentalmente mediante la creación de amplias zonas libres del uso de pesticidas, en áreas protegidas o con singular valor ambiental o en tipos de hábitats que tengan relevancia para la conservación de la biodiversidad. También en zonas estratégicas tales como las que tengan que ver con áreas con suelos permeables, o en donde, por las causas que fuese, pudiesen contaminarse recursos de agua potable tales como arroyos, ríos, humedales...
  • Establecer la prohibición u objetivos legales de reducción contundentes que lleven a la eliminación del uso de pesticidas en pocos años en espacios públicos, parques, jardines, zonas verdes, arbolado público,... semejantes a los adoptados recientemente en Francia. Restringir el uso de pesticidas en edificios, locales, transportes... y cualesquiera otros espacios públicos y privados, mediante normas que prohíban su uso o lo limiten a casos muy excepcionales y realmente justificados (acabando, por ejemplo, con las aplicaciones “preventivas” que siguen un calendario regular al margen de la necesidad real o no de las fumigaciones). Así mismo, establecer medidas para la reducción del uso en zonas residenciales, jardines privados y hogares (realizando campañas de concienciación para disuadir de su uso, además de restringir las sustancias que pueden utilizarse en base a los conocimientos científicos actuales sobre sus riesgos).
  • También establecer por ley medidas de apoyo, como pudiera ser, entre otras, la promoción de la universalización de la alimentación ecológica (total o parcial) en comedores escolares, así como en instituciones públicas o en actividades que dependan de la asignación de fondos públicos. Realizar campañas para fomentar el consumo nacional de productos ecológicos.
  • Que se apoye con recursos la investigación científica independiente sobre la presencia de los pesticidas y sus efectos sanitarios.
  • Que se promueva el conocimiento y prevención de los efectos, directos e indirectos, del uso de los pesticidas sintéticos sobre la biodiversidad, adoptando medidas más contundentes contra los pesticidas que puedan representar una amenaza para la diversidad biológica (por ejemplo, para los polinizadores o para los organismos acuáticos).
  • Fomentar la investigación en técnicas agrícolas que promuevan un descenso en el consumo de pesticidas y privar de apoyo a otras que puedan contribuir a la generación de problemas ambientales como los derivados del uso de transgénicos.
  • Determinar el alcance del uso de pesticidas prohibidos en España, fortaleciendo los controles directos e indirectos (tales como la determinación de su presencia en el medio ambiente) y estableciendo fuertes sanciones, e incluso penas de cárcel por su comercialización y/o empleo.

Instamos a las autoridades y a las fuerzas políticas a la urgente adopción de estas medidas y otras que pudieran arbitrarse a fin de conseguir el objetivo propuesto de reducir el consumo de pesticidas en España y prevenir impactos sobre la salud humana y la naturaleza.