La Comisión Europea elude el compromiso de una restricción amplia de los tóxicos eternos.
Solo la postura de algunos países como Dinamarca, que ahora preside el Consejo de la UE, podría contrarrestar algo el contexto de desregulación promovido por la Comisión, que supone una amenaza para la salud de los europeos.
La Comisión Europea presentó esta semana un Plan de Acción de la Industria Química que está siendo duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil europea como la European Environmental Bureau (EEB) que aglutina a más de 190 entidades europeas. EEB denuncia que el plan de la Comisión muestra “poco compromiso real para combatir la creciente contaminación química que sufre el continente“ y, además, recompensa a los contaminadores “canalizando subsidios hacia el modelo de producción tóxico existente ”.
Carlos de Prada, responsable de Hogar sin Tóxicos, iniciativa que colabora con el European Environmental Bureau (EEB ) en la difusión de estas problemáticas, denuncia que “uno de los aspectos más preocupantes del plan es el escaso compromiso que la Comisión muestra a la hora de afrontar el severo problema generado por los “contaminantes eternos”, los PFAS , asociados a un mayor riesgo de cánceres y otros problemas de salud como infertilidad, trastornos del tiroides o de la inmunidad ”.
“En lugar de manifestarse claramente a favor de una restricción universal o amplia de los PFAS como grupo, en consonancia con la ciencia y con la dimensión real de los problemas ya generados por estos compuestos químicos en toda Europa, el Plan de Acción presentado por la Comisión parece rebajarlas expectativas para complacer a la industria química ”, lamenta De Prada.
Anuncios vagos e imprecisos
En particular, el plan menciona de una manera un tanto vaga la necesidad de “minimizar” la contaminación con estas sustancias y solo anuncia que la Comisión “considerará” eliminar algunos usos concretos de los PFAS (como los relacionados con los materiales en contacto con alimentos, la ropa de exteriores o los cosméticos). Algo que, en opinión de Hogar sin Tóxicos, “es claramente insuficiente porque las dimensiones de la polución con estas sustancias van mucho más allá. Se debería establecer una prohibición extensa que abarque todos los usos, incluidos los industriales, que representan un porcentaje considerable de la contaminación con estos compuestos, y no solo su presencia en algunos productos de consumo. Realmente esperábamos algo más, teniendo en cuenta el creciente grado de polución las aguas, los suelos y los organismos de las personas (todos los europeos tienen ya estos tóxicos eternos en su cuerpo, como muestran los datos de la Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana (HBM4EU)”.
En este contexto, se teme cuál pueda ser la decisión final de la Comisión sobre la propuesta que en 2022 realizaron conjuntamente cinco países de la UE. Una propuesta que buscaba una “restricción universal” y no tan limitada de los PFAS, ante las evidencias de los tremendos estragos que estas sustancias estaban causando en toda Europa . La Comisión ha anunciado que tomará una decisión después de que en 2026 la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) finalice su evaluación de la propuesta, en estos momentos en proceso.
Hogar sin Tóxicos denuncia el lamentable cambio de postura de la Comisión que, en 2020, cuando lanzó su Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad, se comprometió con el objetivo de tener en cuenta la evidencia científica y “avanzar hacia un entorno libre de tóxicos ” para proteger la salud de las personas pero que, progresivamente, fue cediendo ante los intereses de unas cuantas grandes corporaciones.
Ya desde un primer momento, la propuesta inicial de prohibición de los PFAS fue severamente bombardeada por el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC), que entonces reconocía invertir casi 10 millones de euros al año en actividades de lobby vis-à-vis ante los funcionarios europeos . CEFIC comenzó a movilizarse haciendo previsiones catastrofistas, absolutamente exageradas, de lo que supuestamente sucedería si estas sustancias se restringían pero, claro está, omitiendo los costes, muchos mayores, que para toda la sociedad tendría no restringirlas. La crisis originada tras la invasión de Ucrania fue utilizada como excusa que permitió que la labor de presión de diferentes actores sobre la Comisión se fuese intensificando cada vez más.
La influencia de los lobbies
A principios de este mismo año, 94 organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, expresando su “indignación” por la influencia que están teniendo sobre el ejecutivo comunitario los «lobbies» de la industria que pretenden evitar que se prohíban los PFAS o “tóxicos eternos”. Unas sustancias que, según señalaban, han generado, probablemente “la crisis de contaminación más grave de la historia de la humanidad”. Un consorcio internacional de periodistas, dentro del Proyecto Forever Lobbying y en colaboración con Corporate Europe Observatory , desveló las tácticas de presión y desinformación que la industria ha ejercido sobre la Comisión con el objetivo de hacer fracasar la propuesta europea de restringir severamente la producción y uso de los PFAS.
En lugar de comprometerse más con la prohibición como grupo de los PFAS, el Plan de Acción de la Comisión recoge otras medidas como que la UE debe realizar esfuerzos decisivos para limpiar los sitios que ya están fuertemente contaminados por PFAS, basándose en el principio de que “quien contamina paga”. Sin embargo, tal y como apunta Carlos de Prada, aunque limpiar las zonas contaminadas puede ser importante, si es que es posible en muchos casos, tanto o más lo es impedir que estas sustancias tóxicas sigan produciéndose y contaminando cada vez más lugares”.
Además “si se tienen en cuenta los antecedentes, es decir, lo poco que se ha aplicado en la UE el principio de “el que contamina paga” y, sobre todo, el coste que puede representar tal limpieza, es difícil que se aplique realmente alguna vez”. Según algunas estimaciones, limpiar la contaminación por PFAS podría costar a la UE hasta 2 billones de euros en los próximos 20 años . Solo la remediación ambiental podría costar 100.000 millones de euros anuales. Todo sin contar con los entre 52.000 y 84.000 millones de euros adicionales en costes anuales relacionados con la salud, que valoraba en su día un informe del Consejo Nórdico de Ministros .
La esperanza danesa
Una de las pocas esperanzas de que la situación se corrija en alguna medida es que se extienda la postura de países como Dinamarca, que defiende con claridad una prohibición universal de los PFAS , y que acaba de inaugurar su turno de Presidencia del Consejo de la UE . Como muestra de su compromiso, y con afán de concienciar sobre la gravedad del problema, el ministro de Medio Ambiente de Dinamarca ha invitado a 32 homólogos suyos presentes en la reunión informal del Consejo celebrada en la ciudad danesa de Aalborg, a realizarse un análisis de sangre para detectar estas sustancias . Conviene recordar que precisamente Dinamarca es uno de los cuatro países que presentó la propuesta conjunta para prohibir la producción, venta y uso de buena parte de los PFAS en virtud del reglamento REACH de la UE.
Desde su introducción en la década de 1950, los PFAS han venido siendo vastamente empleados de modo que, bien por ser liberados desde las fábricas o desde los productos que los portan , han «envenenado Europa” de forma extensa . En 2023 la iniciativa «Foreverpollution » identificó 23.000 lugares contaminados con PFAS solo en Europa. Hoy son prácticamente omnipresentes, por ejemplo, en el agua de todo el planeta, incluidas las aguas superficiales, subterráneas y potables . De hecho, se considera que el agua del grifo es, precisamente, junto con algunos alimentos, una de las principales vías por las que estas sustancias tóxicas llegan al cuerpo humano.
No son solo los PFAs
Aparte de lo relacionado con los PFAS, el Plan de Acción de la Industria Química tiene más deficiencias. Según EEB, entre las medidas más preocupantes incluidas en el plan se contemplan algunas como conceder autorizaciones más rápidas, con el riesgo que entraña que actividades altamente contaminantes no se sometan a controles adecuados. Tampoco se aprecia un compromiso de poner fin a las exportaciones de los productos que se prohíben en la UE por su alta toxicidad, de modo que seguirán exportándose a países en vías de desarrollo donde pueden causar mayores daños.
Un aspecto que inquieta especialmente es la agenda de desregulación de la Comisión que, bajo la apariencia de una “simplificación ” de la normativa, amenaza con desmantelar o debilitar algunas importantes leyes que hoy protegen la salud de los ciudadanos frente a los riesgos de las sustancias tóxicas. Por ejemplo, debilitando la obligación de informar debidamente sobre los peligros de las sustancias tóxicas en el etiquetado de productos químicos, o siendo más permisivos en el control de algunas sustancias tóxicas cancerígenas que podrían estar presentes en los cosméticos , entre otras cuestiones.
Para contextualizar el Plan de Acción de la Industria Química anunciado es importante hacerlo precisamente dentro de la agenda general de desregulación que en estos momentos tiene en marcha la Comisión Europea para complacer a una industria química que ya ha manifestado su satisfacción con el Plan .En 2024, la Comisión Europea anunció un Paquete para la Industria Química que incluía la reforma de la normativa sobre sustancias químicas y que, aludiendo al eufemismo de su “simplificación ”, encubría planes de desregulación para desmantelar o privar de eficacia algunas de los principales instrumentos legales que hoy protegen la salud de los ciudadanos europeos frente a la contaminación química. Como denunció la European Environmental Bureau (EEB), el ejecutivo comunitario apoyó la llamada Declaración de Amberes de 2024 , impulsada por las industrias más contaminantes de Europa haciendo suyas algunas de las principales y más preocupantes propuestas de CEFIC , poderoso lobby de la industria química europea que presentó un plan de 10 puntos de la industria para “simplificar” la normativa y que servirían para retrasar enormemente o impedir la actuación sobre muchas sustancias tóxicas.
